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PERDEMOS LOS PAPELES

Casi todos, alguna vez (otros muchas), en ocasiones hemos perdido los papeles. La diferencia es que, esta vez, los perderemos todos al mismo tiempo. Pero, tranquilos, que eso no es, ni mucho menos, malo. Al parecer, es peor no perderlos, o al menos, eso es lo que nos dicen. Y nos lo dice nada menos que la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 2 de octubre de 2015.

Empecemos por el principio: ¿qué son los papeles y por qué tenemos que perderlos? Los papeles, los documentos en soporte papel, para ser más exactos, son los documentos que de toda la vida hemos guardado y conservado con esmero porque en ellos está reflejada toda nuestra vida. Me explico: uno nace, pero el mero hecho de nacer no es relevante jurídicamente hablando hasta que ese dato no aparece registrado en una “partida de nacimiento”, que es un papel, un documento. Uno se mata a estudiar, mucho o poco, pero lo que ha estudiado no tiene valor real hasta que no se refleja en otro papel, el “título académico”. Vamos, que uno no se casa, ni paga sus impuestos, ni adquiere un bien, viaja en un transporte público, entra en un cine o incluso se muere hasta que cada uno de esos actos no tiene un reflejo documental, no tiene un “papel” que lo demuestre de cara a sí mismo y a terceros.

Entonces, si son tan importantes los “papeles”, ¿Cómo es eso de que una Ley me obliga a “perderlos”? Porque, amigos míos, la ciencia avan

za que es una barbaridad, y ya no podemos ir por la vida generando, utilizando y conservando documentos en formato papel como si Internet no existiera y no lleváramo

s todos un smartphone en el bolsillo. Al menos no en lo que refiere a nuestras relaciones con las Administraciones Públicas. El que quiera seguir escribiendo cartas en vez de correos electrónicos, editar un fanzine con fotocopias en

vez de usar un blog o prefiera dejar notas debajo de la puerta del vecino en vez de mandarle un WhatsApp podrá seguir haciéndolo, desde luego.

Pero, a partir de un año desde la entrada en vigor de la LPAC, nuestras relaciones con la Administración Pública serán ya siempre en f

ormato electrónico, es decir, que ya no existirá la posibilidad de utilizar el papel como hasta ahora. Por eso lo de que estamos perdiendo los papeles, y lo vamos a hacer todos a la vez.

La “oficina sin papel” o Administración Electrónica se nos

echa encima en tromba y nos pilla a todos con una mano delante y otra detrás. Bueno, a todos no, pe

ro a la inmensa mayoría de nosotros, ciudadanos de

a pie, usuarios y/o trabajadores de las administraciones públicas casi todos (porque también afecta a las empresas, grandes o pequeñas, que contraten o tengan algún tipo de relación con la administración: todas las personas jurídicas).

Para ello, es evidente, hacen falta muchas cosas: disponer de un ordenador, conexión a Internet, un certificado electrónico válido, unos conocimientos mínimos de informática….. ¡Un momento, para! ¡Que no todo el mundo dispone de todo eso! Si, ya, pero no es excusa. Citando a Víctor Almonacid en su “Especial Ley del Procedimiento

Administrativo” publicado en su excelente blog:

…las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios […] si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma elec

trónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

Además, según el artículo 14 de la LPAC “las perso

nas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no”. Por lo tanto, cero prob

lemas, en principio, para aquellos que no tengan internet, conocimientos informáticos, certificados electrónicos o, simplemente, las más mínimas ganas de hacerlo: la Administración es la que tiene la obligación de hacer los trámites electrónicos por ellos.

Pero las personas jurídicas, los profesi

onales colegiados que para desarrollar su actividad profesional tengan que relacionarse con las Administraciones Públicas y los empleados de esas Administraciones no tienen escapatoria: están obligados a tramitar todo electrónicamente. Y esto sí que supone un esfuerzo hercúle

o, sobre todo de mentalidad. Hay que cambiar ya

y radicalmente la forma en la que se trabaja en y con las administraciones públicas. La Administración Electrónica requiere, sí es cierto, de herramientas informáticas y plataformas de gestión documental, de registros y archivos electrónicos y de portales de transparencia que permitan visualizar toda la actividad administrativa según se va generando. Pero esas herramientas ya existen, la mayoría son públicas (enlace a Plataforma Administración Pública) y la normativa ya está creada y es vigente desde

hace ya unos añitos. El mayor esfuerzo va a ser convencer a los respon

sables políticos y a los gestores administrativos de la necesidad de cambiar los paradigmas con los que habitualmente se h

a venido trabajando hasta el momento y apostar firmemente por una Administración Pública más moderna, eficaz, transparente y abierta a todos, y centrar los esfuerzos en dar el mejor servicio a los ciudadanos de l

a forma más sencilla y directa. ¿Perdiendo los papeles? Sí: perdiendo la excusa del “le falta un papel” o del  “vuelva usted mañana que no está quien lo lleva”.

Veremos cómo se desarrolla la nueva Ley en nuestro

Ayuntamiento y en la

Diputación Provincial de Ávila. Existe la norma, existen los procedimientos y las herramientas informáticas; sólo hace falta activar la voluntad y los medios de formación nec

esarios para de servir mejor a la sociedad, que para eso están ahí, recordémoslo.


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