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LO IMPOSIBLE

Aviso spoiler: En este post podríamos hablar sobre la libertad de horarios comerciales de la ciudad tras la finalización del V Centenario, pero no lo vamos a hacer, aunque lo parezca. Podríamos tomar partido por una u otra opción, la fijación de un número máximo de días en que puedan abrir las grandes superficies de Ávila o la libertad para que abran los 365 días del año; pero tampoco vamos a hacerlo. Pero esta cuestión, peliaguda donde las haya, simplemente nos ha servido como (abochornante) ejemplo de algo que, en condiciones normales, debería ser LO IMPOSIBLE.

Pongámonos en antecedentes. Hace poco más de una semana, el día treinta de octubre, el sindicato Comisiones Obreras ofrecía una rueda de prensa en la que manifestaba que el equipo de gobierno municipal apostaba por la libertad comercial en un escrito interno. A las pocas horas, una nota del jefe de prensa del Ayuntamiento (ese que se supone que trabaja al servicio de todos los grupos municipales y no sólo del equipo de gobierno y que por eso cobra la friolera de 48.682,34 euros anuales) respondía “que no se tiene conocimiento  de ningún documento de este tipo” y “si existiese no ha sido elaborado por el Ayuntamiento”. Unos días más tarde, el tres de noviembre, en el perfil de Facebook de la Cadena Ser de Ávila se reproducen unas fotocopias parcialmente escaneadas del documento que supuestamente no existía, fechado el 14 de octubre de 2015 por José Luis Rivas Hernández, Alcalde-Presidente, junto al sello de la alcaldía. Inmediatamente después, los grupos municipales de Izquierda Unida y Trato Ciudadano vuelven de nuevo a la palestra denunciando la supuesta imparcialidad del PP sobre el tema que se infiere del escrito y, cómo no, la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento repite ante los medios el argumento de la neutralidad rechazando que exista un documento oficial.

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Pues bien, volviendo al principio, podríamos hablar de nuestra postura ante este tema, pero no lo vamos a hacer. Y no porque no tengamos una opinión muy clara al respecto, sino porque ahora no viene al caso.

Lo que sí vamos a hacer es destacar lo absurdo y ridículo que resulta que en pleno siglo XXI, en plena era digital, con las herramientas informáticas y las normas legales existentes sobre gestión documental y administración electrónica, cuando todo el mundo nos llenamos la boca con la palabra “Transparencia” y todos anhelamos eso que se denomina “Gobierno Abierto”, tengamos asistir al triste espectáculo que nos ha brindado este asunto. Que una fotocopia mal hecha salga, no sabemos de qué manera, de una oficina municipal, llegue a las manos de los representantes de los sindicatos; que se escanee de tal forma que no se vea el número de registro de salida del documento y se cuelgue en el perfil de una red social de un medio de comunicación; que se niegue persistentemente su existencia hasta que no queda más remedio que reconocerla, pero inmediatamente se intente convencer a la opinión pública de que “se trata de una carta personal del alcalde”…. Lo dicho, un bochorno.

Como muchos lectores sabrán, varios de los miembros de Ávila es + somos archiveros de profesión; en versión anglosajona, la denominación sería “gestores documentales”. Desde esta perspectiva, manifestamos que esta situación tan anormal es perfectamente evitable mediante el establecimiento en las instituciones de sistemas integrales de gestión documental que permitan la gestión de toda la información de la organización sea cual sea su formato. Unas herramientas informáticas ya disponibles que, no obstante, requieren para su puesta en marcha una verdadera revolución en las formas de trabajar que hasta ahora han sido tristemente habituales dentro de las Administraciones Públicas.

Ya hablamos en un post anterior de los cambios que implicaba la entrada en vigor de la nueva legislación sobre Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. La implantación del expediente y el archivo electrónico, obligatorios en los plazos de uno y dos años, respectivamente, tras su promulgación, obliga a las administraciones locales a implantar esos sistemas de gestión documental electrónica, ya que son imprescindibles para garantizar tanto una mayor eficacia y efectividad de los actos administrativos, como su mejor accesibilidad y posibilidad se control a través de su volcado en los portales institucionales de transparencia, como también obliga la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en pleno vigor ya para todo el sector público a partir del próximo 10 de diciembre de 2015.

En resumen, que lo que ha ocurrido con el asunto del “documento” sobre los horarios comerciales nos tiene que servir para darnos cuenta de que esas situaciones no son de recibo. Que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la documentación y la información municipal en óptimas condiciones y que, en ningún caso se puede elucubrar con la existencia o no de un documento o su condición de público o privado. Que no se puede ni es necesario “filtrar” de modo cuasifraudulento una información a la prensa que forma parte de un expediente abierto, porque el acceso a esa documentación debe estar perfectamente regulado e incluso, ser público en su momento. Que no podemos conformarnos con creernos las versiones de los unos o de los otros, sino que nosotros mismos tenemos derecho a formar nuestra propia opinión a partir del acceso directo a la información.

Haciendo las cosas bien, cumpliendo la legislación vigente y utilizando las herramientas tecnológicas y los procedimientos normalizados que ya se ofrecen de manera pública y gratuita desde el Portal de Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas, estas cosas tan extrañas pasarían a engrosar la categoría de LO IMPOSIBLE.


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